Hay situaciones que llegan a un punto en el que guardar silencio deja de ser una opción. Y lo que viene ocurriendo alrededor del ingeniero José Espinal y su empresa Constructora Vistasol merece una reflexión pública, seria y profunda.
Resulta preocupante la aparente tendencia de responder mediante intimaciones y acciones judiciales a quienes manifiestan inconformidad con las actuaciones de esta compañía. Parecería que cualquier ciudadano que reclama sus derechos o cuestiona públicamente a Vistasol corre el riesgo de terminar enfrentando un proceso judicial.
¿Desde cuándo quejarse de una empresa constituye un delito? ¿Acaso reclamar lo que uno entiende que le pertenece debe convertirse en motivo de intimidación?
El ingeniero José Espinal debe comprender que el derecho a defender su reputación no significa que pueda impedir las críticas legítimas. La Constitución dominicana reconoce la libertad de expresión, y las disposiciones legales sobre difamación e injuria no deben confundirse con una prohibición de denunciar presuntos incumplimientos.
Ahí tenemos el caso de María Martínez, quien asegura haber entregado aproximadamente RD$530,000 para adquirir un apartamento cuya entrega estaba prevista para 2021. Según su denuncia, después de reclamar la devolución de su dinero, terminó enfrentando una demanda de Vistasol por más de dos millones de pesos.
¡Pero bueno! ¿Cómo es posible que una persona que reclama la devolución de su dinero termine enfrentando una reclamación millonaria?
También hemos conocido las denuncias públicas de Brígida Carrasco, Eladio Rodríguez, Betania Vásquez y José Alberto Castro, relacionadas con retrasos en la entrega de títulos, servicios prometidos y compromisos que, según sus testimonios, permanecen pendientes. A estas reclamaciones se suman las de compradores del proyecto Solar San.
Son situaciones que merecen respuestas claras y soluciones, no simplemente enfrentamientos judiciales.
Otro caso reciente es el del comunicador Juan Tatis, quien publicó un artículo en defensa del periodista Marcos Álvarez y recibió una respuesta pública del ingeniero José Espinal cuestionando sus afirmaciones y advirtiendo sobre los límites legales de la libertad de expresión. El tono de ese mensaje puede interpretarse como una advertencia de posibles acciones judiciales.
¿Es que ahora los comunicadores también deben sentir temor de expresar sus opiniones cuando estas no favorecen los intereses de determinados empresarios?
En medio de esta controversia, también hay que reconocer la firmeza del periodista y abogado Marcos Álvarez y del doctor Juan Henríquez, quienes han mantenido sus posiciones frente a las actuaciones judiciales de Vistasol. Ambos, según se ha informado, enfrentan nuevas acciones legales relacionadas con sus declaraciones públicas.
Nadie discute que el ingeniero José Espinal tenga derecho a acudir a los tribunales para defenderse. Ese derecho le corresponde como a cualquier ciudadano. Pero cuando se multiplican las reclamaciones, las intimaciones y los procesos judiciales, resulta legítimo preguntarse si estas actuaciones están contribuyendo a resolver los conflictos o, por el contrario, aumentando la confrontación.
El poder económico puede servir para contratar abogados y sostener largos litigios, pero jamás debe confundirse con tener siempre la razón.
Ingeniero José Espinal: una buena reputación empresarial no se construye a fuerza de intimaciones. Se construye cumpliendo compromisos, escuchando a los clientes, entregando lo prometido y ofreciendo soluciones.
Porque una cosa debe quedar clara: los tribunales están para administrar justicia, no para sembrar miedo entre quienes reclaman sus derechos.
Y aunque cada controversia deberá esclarecerse con sus respectivas pruebas, desde mi punto de vista, esta situación ha llegado demasiado lejos.
¡BASTA YA DE TANTAS INTIMACIONES!
La verdad no se impone con dinero ni con amenazas judiciales. Se demuestra con hechos.
Germain Reyes Mallory
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